La Dra. Agrim. Rosa Pueyo, directora del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), participó de la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que se analiza el proyecto de modificación de la Ley de Catastro N.º 6437.
Durante su exposición, presentó la perspectiva académica y universitaria sobre la función que cumple el Estado Parcelario dentro del sistema catastral y su vinculación con la seguridad jurídica, la protección del derecho de propiedad y la calidad de la información territorial.
Entre los principales conceptos desarrollados, señaló que la constitución y verificación del Estado Parcelario se realiza en el momento de la transmisión o constitución de derechos reales porque constituye una instancia destinada a verificar que la información territorial de los inmuebles refleje adecuadamente la realidad física existente.
Asimismo, destacó que el agrimensor es el profesional específicamente formado para determinar límites territoriales, organizar catastros y certificar el Estado Parcelario, funciones reconocidas por la normativa vinculada a la formación universitaria y al ejercicio profesional.
La directora del Departamento de Agrimensura de la FIUBA también compartió antecedentes de investigación desarrollados en el ámbito universitario, en los que se analizaron situaciones derivadas de información catastral desactualizada y sus efectos sobre inmuebles linderos y procesos constructivos.
Además, presentó datos estadísticos vinculados a la actualización de información territorial, señalando la relevancia que tiene la verificación periódica de los registros para garantizar información confiable tanto para los ciudadanos como para los organismos públicos.
“El agrimensor cumple una función comprometida con el interés público, porque interviene sobre los bienes y los derechos de las personas.”
La participación de la Dra. Rosa Pueyo se sumó a las exposiciones realizadas por representantes de instituciones académicas, profesionales y técnicas convocadas en el marco del tratamiento legislativo del proyecto.
